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Sin embargo, la ONG Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP) eleva a 183 el número de civiles asesinados desde el 1 de febrero. 

Rosa Icela Rodríguez dijo que los políticos corren más riesgo de ser víctimas del crimen organizado en Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz. 

En la última década fueron muertos cerca de 900 trabajadores de los medios de comunicación en el mundo. La agencia de la ONU que registra estos crímenes destaca la fragilidad de la libertad de prensa en el contexto de la pandemia de COVID-19, precisamente cuando el periodismo es más relevante para la protección de los derechos humanos. 

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Miles de manifestantes denuncian en Colombia la oleada de asesinatos de líderes sociales desde la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016. 

En Colombia, manifestantes tomaron el viernes las calles en más de 50 ciudades y pueblos para protestar por una escalada de ataques letales contra líderes indígenas y ambientales. 

El Secretario General de las Naciones Unidas Antonio Guterrez manifestó estar “profundamente conmocionado” por el tiroteo acontecido este sábado en la sinagoga de la Congregación del Árbol de la Vida, donde han fallecido 11 personas en la ciudad estadounidense de Pittsburgh. 

Violaciones en masa de mujeres y niñas, asesinatos de ancianos, enfermos y discapacitados, y otras atrocidades perpetradas por fuerzas del Gobierno pueden constituir crímenes contra la humanidad, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que exige el enjuiciamiento de sus autores, algunos de ellos ya identificados. 

Miles de personas han protestado contra el gobierno de Nicaragua desde abril. 

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos afirmó que las autoridades venezolanas permiten asesinatos y tortura, entre otras graves violaciones de esas garantías, sin procesar a los responsables. 

En el 2014, cuando era candidato presidencial, Tabaré Vázquez aseguró que "la lucha contra la violencia" sería un tema prioritario de su gobierno y se comprometió a bajar las rapiñas un 30% en cinco años y a descender a 30% la reincidencia de reclusos. 

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